El
siguiente mapa temático de coropletas nos muestra las provincias españolas con mayor
número de empresas del sector inmobiliario en el año 2019, según los datos del
Instituto Nacional de Estadística. Las provincias tramadas son las siguientes:
1)Barcelona,
2) Madrid, 3) Alicante, 4) Málaga, 5) Valencia, 6) Baleares, 7) Sevilla, 8) Gerona,
9) Zaragoza, 10) Murcia.
La
actividad inmobiliaria engloba todas las transacciones, gestiones y servicios
relacionados con la adquisición, promoción, alquiler y administración de bienes
inmuebles (viviendas, locales, terrenos u oficinas) englobándose, por tanto,
dentro del sector servicios.
En
lo que respecta a las causas de esta distribución, las provincias con mayor
concentración de empresas de actividad inmobiliaria coinciden con las grandes
áreas metropolitanas (Madrid, Barcelona), zonas principales del turismo de sol
y playa (Baleares y provincias costeras mediterráneas y ciudades medias con
fuerte crecimiento urbano reciente (Zaragoza, Sevilla o Valencia).
La actividad inmobiliaria responde a la demanda de
vivienda residencial y turística por parte de los ciudadanos. En los destinos
de sol y playa (Costa Brava, Costa del Sol, Costa Blanca, Málaga y Baleares)
proliferan empresas que gestionan apartamentos turísticos, urbanizaciones y
complejos residenciales. Se trata de empresas que gestionan la compre-venta de
segundas residencias o el alquiler turístico.
Por su parte, Madrid y Barcelona concentran la mayor
parte de las sedes corporativas y de los operadores inmobiliarios del país, por
ser las grandes metrópolis nacionales. Estas ciudades y sus respectivas áreas
metropolitanas son las que concentran mayor población, mayor PIB, por lo que
tienen un mayor atractivo para inversores nacionales e internacionales (fondos
de inversión, socimis).
Por su parte, Zaragoza, Valencia y Sevilla, capitales de
sus respectivas comunidades autónomas son zonas con un mayor crecimiento y
dinamismo económico, por lo que atraen a población. En Sevilla, hay que
destacar también su papel como uno de los destinos del turismo cultural más
importantes de España.
Estas empresas proliferan debido a la alta demanda inmobiliaria
de estas zonas, donde a veces resulta difícil acceder a la vivienda.
Las consecuencias sociales y económicas de este hecho son
varias. Por un lado, supone el encarecimiento del precio de la vivienda y del
alquiler en estas ciudades, lo que dificulta el acceso a la vivienda de los
sectores de renta media y baja y provoca procesos de gentrificación en
determinadas zonas urbanas.
El turismo residencial (compra de segunda residencia por
extranjeros) genera tensiones entre la demanda turística y la residencial.
Muchas viviendas y locales de dedican al alquiler vacacional debido a los
mayores ingresos que esta actividad genera, por lo que muchas veces la
población local tiene dificultades a la hora de encontrar alquileres de larga duración,
especialmente en Baleares y Málaga. Esto está generando movimientos de rechazo
ciudadano (turismofobia).
Por otro lado, la concentración de la actividad
inmobiliaria en los ejes costeros y metropolitanos refuerza los desequilibrios
territoriales entre una España litoral y dinámica y una España interior con
escasa inversión. Esto se debe a que los municipios con alta actividad
inmobiliaria se benefician de mayores ingresos fiscales (impuesto de
transmisiones patrimoniales, IBI) pero también asumen mayores costes de
urbanización, infraestructuras y servicios públicos.
Desde
el punto de vista medioambiental, la masificación turística ejerce presión
sobre los recursos naturales de la zona. Entre ellos destaca la
sobreexplotación de los acuíferos (la población se multiplica en verano) que
además sufren los efectos de la intrusión marina en las zonas costeras. Por
otra parte, la concentración de millones de visitantes en una franja costera de
escasos kilómetros genera una enorme producción de residuos sólidos y aguas
residuales, así como contaminación acústica y lumínica que afecta a los
ecosistemas marinos.
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